Se trata del Convenio 190, adoptado en junio de 2019, sobre eliminación de la violencia de género en el mundo laboral. Fue aprobado por unanimidad.

Sin la presencia de la oposición, el Senado aprobó y giró a la Cámara de Diputados este miércoles un proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo que ratifica el Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Eliminación de la Violencia y el Acoso en el Mundo del Trabajo.

La iniciativa recibió 42 votos afirmativos, del bloque oficialista, dado que Juntos por el Cambio y el Interbloque Federal no participaron de la votación por tratarse de un tema que, según consideraron, es ajeno a la pandemia del Covid-19.

El documento, adoptado el 21 de junio de 2019, busca prevenir y erradicar la violencia laboral, y reconoce el impacto especial de este flagelo sobre las mujeres.

“Esta es la primera convención que la OIT aprueba desde 2011. Hace nueve años que no aprobaba una”, explicó el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Jorge Taiana, y añadió que el tratado “tiene una gran importancia grande porque busca que haya cero violencia en el mundo del trabajo”.

El legislador señaló que la convención “tiene que ver con todos los trabajadores, pero no solo con lo que sucede en el lugar de trabajo sino también con lo que sucede en el transporte, si es que es un transporte vinculado a la empresa”.

Además, expresó: “Todos sabemos que es en los mecanismos de selección del personal donde muchas veces comienza el acoso y la violencia contra las mujeres en el mundo del trabajo”.

El senador del Frente de Todos resaltó también que el convenio “reconoce que la violencia y el acoso en el ámbito familiar” porque “destaca en uno de sus articulados que la violencia doméstica afecta la seguridad, la salud y la productividad de la persona afectada”.

Por su parte, el titular de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, Daniel Lovera, indicó que “las figuras de la violencia y el acoso laboral son merecedoras de una especial atención de los Estados y la sociedad”.

“Cuando hablamos de violencia y acoso laboral no hablamos de un mero hostigamiento a la trabajadora: hablamos de un crítico fenómeno que nos lleva aparejados comportamientos y conductas que afectan directa y devastadoramente en la vida de cada víctima y de sus familiares”, sostuvo.

El pampeano aseveró que “la violencia y el acoso laboral no conocen género ni edades, impacta y socava absolutamente todo, pero es cierto que especialmente lo sufren las trabajadoras. Si revisamos el último informe estadístico del primer trimestre del 2019 de la Oficina de Asesoramiento de Violencia Laboral, el 62% de las personas que denuncia la violencia laboral son mujeres”.

“Ante este crítico escenario, resulta imprescindible la adopción de medidas por parte del Estado, que se deben llevar a cabo junto a los trabajadores y las empresas, que permitan desarrollar ambientes saludables”, subrayó Lovera.

También celebró la iniciativa la titular de la Banca de la Mujer, Norma Durango, quien destacó que “este es el primer instrumento internacional que aborda la violencia de género, por lo tanto es doblemente importante para las mujeres”.

“Es un nuevo consenso a nivel mundial al que llegaron los Estados, los empresarios y los organismos que representan a los trabajadores, en el que se reconoce por primera vez el derecho a un ambiente de trabajo libre de violencia y acoso”, explicó la integrante del Frente de Todos.

Según Durango, “se reconoce que la violencia y el acoso afecta de manera desproporcionada a las mujeres, obstaculizando su acceso al mercado del trabajo, su permanencia en el mismo y su desarrollo profesional. De acuerdo a ese informe Oficina de Asesoramiento de Violencia Laboral, un 86% de los trabajadores denunció violencia psicológica, un 8% violencia sexual y un 6% violencia física, en su gran mayoría por parte de los varones”.

La senadora concluyó que “para prevenir la violencia y el acoso, el convenio le pide a los Estados que adopten un enfoque integrado e inclusivo que tenga en cuenta las desigualdades de género,  las discriminaciones, entre otras cuestiones. Son múltiples los obstáculos que afrontamos las mujeres en todos los ámbitos laborales, que afectan nuestro desarrollo personal, familiar y profesional”.

El convenio considera a la violencia y el acoso en el mundo del trabajo como una “violación o abuso de los derechos humanos” incompatible con la igualdad y el concepto de trabajo decente, enmarcando la situación dentro de los derechos fundamentales.

Asimismo, reconoce la incidencia negativa de la violencia laboral en la calidad de los servicios públicos y privados, a la vez que la considera incompatible con la promoción de empresas sostenibles, dado que afecta no solo las relaciones de trabajo, sino también la reputación de las empresas y la productividad.

Se define como “violencia y acoso” en el mundo del trabajo a “un conjunto de comportamientos y prácticas inaceptables, o de amenazas de tales comportamientos y prácticas, ya sea que se manifiesten una sola vez o de manera repetida, que tengan por objeto, que causen o sean susceptibles de causar, un daño físico, psicológico, sexual o económico, e incluye la violencia y el acoso por razón de género”.

También considera como un factor de riesgo a los estereotipos de género y contempla la incidencia que la violencia doméstica tiene en el empleo.

Otros proyectos

El Senado también aprobó un tratado de extradición con Rumania, que según señaló Taiana “busca, sobre todo, evitar la impunidad y atacar el delito transnacional”. “Este tratado ya fue aprobado por el Congreso rumano y está bueno que le demos aquí una media sanción, para que pronto pueda ser aprobado y entrar pronto en vigencia”, dijo.

Paralelamente, se avaló otro tratado con Brasil en el mismo sentido. “Es un país limítrofe con el que tenemos una larga tradición con los tratados. El que estaba vigente hasta ahora es de 1961 pero entró en vigencia en 1968 por la Ley 17.262. Ese tratado buscó superarse y por eso en 2010 se hizo un acuerdo cuadrilateral entre Argentina, Brasil, España y Portugal, por lo cual los cuatro países acordaron simplificar los mecanismos de extradición”, detalló Taiana.

El titular de la Comisión de Relaciones Exteriores continuó: “En enero de 2019 se firmó un nuevo tratado de extradición con Brasil, que supone una simplificación y agilización de los mecanismos para lograr la extradición”.

Según el senador, el tratado “tiene varios componentes fundamentales: uno de ellos es que eleva de uno a dos años el tiempo mínimo y máximo punible por el que se solicita la extradición; el segundo es que tiene elementos claros de protección de los derechos humanos de la persona que puede ser extraditada; y tercero, en el caso de los países contempla la posibilidad de que sea extraditado un nacional”.

Fuente: https://www.parlamentario.com/